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Un Movimiento Creciente

Bajo el radar, el movimiento en pos de un sistema de salud universal está arrollando la nación, y las victorias comienzan a mostrarse.

Michael Hogue/KRT
Michael Hogue / KRT

En los EE.UU. la gente se esfuerza por adquirir los vitales medicamentos recetados, mientras al mismo tiempo las compañías farmacéuticas registran ganancias récord; la gente muere prematuramente porque no puede obtener el cuidado que necesita, mientras las camas de hospital permanecen vacías y el equipamiento médico sin usar. Observamos a los legisladores reprimiendo los esfuerzos por la reforma del sistema sanitario mientras que, al mismo tiempo,  ellos mismos disfrutan las mejores prestaciones de dicho sistema. Estas verdades deprimentes pueden hacer parecer los problemas del sistema de salud de los EE.UU. demasiado abrumadores y complicados para resolver. Aún así, por primera vez en más de una década, la gente de todo el país está encontrando razones para la esperanza. ¿Por qué? Luego de luchar casi un siglo por hacer realidad un sistema sanitario accesible para todos en los EE.UU., ¿qué diferencia presenta este momento que sugiera que un nuevo día está naciendo?

La respuesta breve es que la crisis, cada vez peor, nos está forzando a la acción. Una respuesta más larga apela a nuestra comprensión de las condiciones del cambio social exitoso. Piensa en las grandes reformas sociales del último siglo: los derechos civiles, los derechos de la mujer y las protecciones ambientales; en cada una de ellas nuestro país atravesó un proceso por medio del cual evolucionó nuestra comprensión cultural del tema en cuestión. Se transformaron nuestras instituciones y se escribieron leyes que redefinieron nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Los paralelos que vemos a medida que encaramos la crisis de nuestro sistema de salud sugieren que un cambio significativo se está iniciando una vez más.

Nuestra comprensión cultural sobre la cuestión de la salud pública está cambiando a medida que aumenta la frustración con el status quo. Incluso los que se oponen a la intervención gubernamental en el sistema sanitario están comenzando a manifestar preocupación acerca del costo de “no hacer nada”.

Aunque no hay consenso en cómo hacerlo suceder, las encuestas de opinión muestran con claridad que nosotros, como sociedad, creemos que cada uno debería recibir el cuidado de la salud que necesita. Lo que alguna vez fue la retórica de algunos pocos, ahora se ha vuelto un coro de voces clamando por reforma.

Muchas de nuestras instituciones, a menudo contrarias a la reforma, están cambiando a medida que reconocen la manera en la que la crisis del sistema de salud afecta su habilidad para cumplir con su misión. Los líderes de negocio constatan que la estructura de nuestro sistema médico los pone en una desventaja económica en el mercado global, porque deben competir con empresas que no están sobrecargadas con los costos de las prestaciones basadas en el empleo. Las instituciones de salud están buscando mayor eficiencia y nuevas formas de proveer mejores servicios médicos por nuestro dinero.

Los gobiernos luchan por brindar un seguro para aquellos que no están cubiertos por su trabajo. Las escuelas reconocen que los costos del seguro de salud para los docentes y administrativos erosionan los recursos educativos, y los líderes sindicales admiten que al proteger las onerosas prestaciones de salud, en última instancia se menoscaba la seguridad laboral y se reducen los incrementos salariales y jubilatorios.

Nuestras leyes están cambiando para reflejar esta nueva comprensión y para redefinir nuestros derechos y responsabilidades con el fin de lograr un sistema de salud más asequible. Aunque los legisladores difieren en las soluciones que ofrecen (y en su sinceridad), pocos se atreven a decir que el sistema de salud no necesita ser reformado. A pesar de que nunca se ha votado en el Congreso una ley de atención sanitaria universal, los gobiernos estatales y locales están avanzando para cubrir mayor cantidad de sus residentes. Asimismo, estamos viendo un progreso adicional en la legislación estatal para lograr que las drogas prescriptas sean económicamente más accesibles para más gente.

 

Los Estados Toman el Liderazgo

Históricamente, en ausencia de acción federal, los estados se vuelven catalizadores del cambio social. En respuesta a la entrada de una legislación para la reforma del sistema de salud en Massachussets y Vermont, en una editorial del Boston Globe se leía: “Los estados son los laboratorios de la democracia, tal como la Suprema Corte de Justicia. Louis Brandeis una vez dijo: ‘…y los tubos de ensayo están burbujeando'.” (21 de Mayo, 2006).

Dentro de estos laboratorios hay grandes cantidades de activistas de base testeando las aguas: los grupos de justicia del sistema de salud se están re-energizando; las comunidades religiosas están reclamando esta cuestión; los grupos laborales están comprometiendo recursos financieros para trabajar en un sistema sanitario para todos; las organizaciones de servicio social están informando de la manera en la que la crisis del sistema obstaculiza sus esfuerzos para ayudar a las personas de bajos recursos; y otras numerosas organizaciones están agregando a su lista de prioridades la reforma del sistema médico. Sus esfuerzos pueden observarse en un número de iniciativas estatales que están emergiendo por toda la nación; seis estados de hecho, han presentado leyes significativas.

  • En 2003, California presentó una ley requiriendo a las empresas con más de 50 trabajadores, que ya sea provean cobertura para sus propios trabajadores o le paguen a un fondo común que cubrirá a aquellos sin asegurar. Aunque la ley fue revocada por un estrecho margen un año después, el apoyo ciudadano a la reforma se incrementó, en gran parte gracias a los partidarios de base que lucharon contra las grandes empresas (que en esta campaña gastaron ocho veces más dinero que los primeros). Activistas energizados continúan elevando la cuestión a través de todo el estado, y como respuesta el alcalde de San Francisco reveló una proposición este verano para lograr acceso médico universal para la gente de la ciudad.
  • También en 2003 Maine pasó su ley de reforma sanitaria, denominada Dirigo (Dirigo Health Reform Act), fijando una meta para el 2009 de lograr asistencia médica para todos. El plan comenzó en Enero de 2005 y ahora cubre más de 10.000 residentes estatales que antes estaban sin asegurar. Particularmente notable es que este plan fue aprobado por una legislatura en la cual más de la mitad de los congresales habían sido elegidos bajo las nuevas leyes estatales de elecciones “limpias” (clean elections), las cuales les han permitido independizarse de la financiación de intereses especiales. Los ciudadanos activistas continúan trabajando para mantener el apoyo a este plan, frente a la oposición financiada por grupos fuera del estado.
  • La Ley de Salud Justa (Health Care Justice Act) de 2004 en Illinois, no propuso algún plan en particular para la reforma; en cambio inició un proceso a nivel estatal para recolectar aportes de los ciudadanos, y así generar varias propuestas de reforma. Este proceso terminará este otoño, cuando la legislatura seleccione de las propuestas un plan que será implementado a mediados de 2007. En medio de este proceso las audiencias públicas a nivel estatal generaron un consenso sobre la importancia de proteger a la niñez; como resultado la legislatura adoptó en 2005 una ley para el cuidado de la salud de todos los niños de Illinois.
  • El estado de Maryland promulgó una ley de reforma sanitaria más limitada cuando la legislatura demócrata aprobó en 2006 una ley de participación justa en el servicio de salud, pasando por encima del veto del gobernador republicano, en gran medida por los esfuerzos de las coaliciones generadas entre sectores religiosos, del trabajo y de la justicia médica del estado. La ley recibió un amplio apoyo ciudadano, ya que requería que los empleadores con más de diez mil trabajadores, tal como los Wal-Marts, designaran una porción específica de sus presupuestos para sueldos en prestaciones de salud. El éxito de Maryland forma parte de una campaña multi-estatal para forzar a los grandes empleadores a aceptar la responsabilidad en el cuidado médico, y ha energizado a activistas en numerosos estados, donde leyes similares han sido introducidas.
  • El paquete de reforma sanitaria de Massachussets, aprobado el último Abril, constituyó un hito porque nació del compromiso entre la legislatura demócrata y el gobernador republicano, que coincidieron en la meta de la atención médica para todos. Aunque el paquete de reforma no es perfecto, sí representa lo que puede suceder en un ambiente políticamente dividido, cuando todos los involucrados se ponen de acuerdo, al menos en el objetivo. Ofrece esperanza en medio de un partidismo político que inmoviliza los esfuerzos de reforma. Esta esperanza se acercó más a la realidad gracias a una activa red religiosa, que ayudó a construir los puentes necesarios para hacer posible este compromiso.
  • El estado de Vermont, inspirado por Massachussets, revivió un esfuerzo previo y aprobó su propia ley para la salud asequible (Health Care Affordability Act) en 2006. El año anterior un grupo de líderes del trabajo, de los negocios, la salud y del gobierno que se encontraban frustrados por los costos de la salud en aumento y el incremento del número de personas sin asegurar, desarrolló principios claves para la reforma, escribió una ley y logró que fuera aprobada en la legislatura demócrata. Cuando la ley recibió un veto por el gobernador republicano, se creó la coalición más grande de la historia del estado; la ley fue re-introducida y aprobada el pasado mes de Mayo.

 

Los Desafíos 

Toda esta actividad en los estados, junto con décadas de debates, provee intuiciones valiosas en cuanto a los desafíos por delante, y sobre lo que se necesita para avanzar una agenda para reformar el sistema sanitario. El primer desafío es la contradicción que se percibe entre las metas duales de reforma (para mejorar el acceso o para contener los costos), mientras se mantiene la calidad. Los esfuerzos legislativos usualmente se han enfocado en uno o el otro. Sin embargo, la verdad es que debemos ocuparnos de todas la metas. Los esfuerzos exitosos se enfocarán, todo al mismo tiempo, en cómo incrementar el acceso, reducir los costos y mejorar la calidad.

En el corazón del debate se encuentra el segundo desafío: ¿Soy yo el guardián de mi hermana o hermano? Algunos responden que no, y promueven una responsabilidad individual. Otros ven a la atención sanitaria como una responsabilidad compartida, que incluye a cada uno. Una reforma exitosa debe abrazar a ambos; los individuos serán llamados a adoptar un estilo de vida más saludable, y la sociedad será convocada a cuidar a aquellos que no puedan cuidarse por sí mismos. Además, todos los actores del sistema de salud en EE.UU. (individuos, gobiernos, proveedores, aseguradoras y empleadores), serán llamados a aceptar la responsabilidad compartida de lograr un sistema de salud accesible para todos. Como se ha constatado en varios esfuerzos exitosos a nivel estatal, la comunidad religiosa, a través de su mensaje moral, puede jugar un crítico rol para unificar la división política.

El dilema moral nos advierte del tercer desafío, que tiene que ver con la cuestión de si las necesidades humanas son servidas mejor por los mercados, la propiedad individual, la competencia y los beneficios, o por los gobiernos y las leyes que aseguren el acceso y una justa distribución de los costos. Una vez más, en vez de reducir la discusión a instancias polarizadas, deberíamos hallar soluciones que promuevan una mezcla creativa de efectiva regulación y financiamiento gubernamental, con incentivos equitativos para el mercado.

El cuarto desafío, y probablemente el más difícil, es el propio interés económico de los accionistas claves en el sistema de salud. Mientras que casi todos los estadounidenses se beneficiarían de la reforma del sistema, un cierto número de intereses especiales bien financiados y fuertemente organizados, tales como las compañías farmacéuticas y aseguradoras, y ciertos grandes negocios, temen perder su posición. Por ejemplo en 2003, el año en que fue aprobada la prestación de drogas recetadas de Medicare, había 637 cabilderos de los grupos de interés de la industria farmacéutica registrados; 1,5 por cada uno de los miembros del Congreso. Estos cabilderos tuvieron éxito en agregar una cláusula en el paquete de Medicare que le prohibía al gobierno federal negociar descuentos en las drogas de Medicare, a pesar del hecho de que, en la actualidad, el gobierno negocia exitosamente los descuentos para Medicaid y para las drogas de veteranos. Se requieren fuertes demandas públicas por el cambio y la responsabilidad de los legisladores para prevenir que los intereses especiales bloqueen el progreso hacia la reforma. Se necesita una activa defensa de base, bien organizada y extendida en el tiempo, para promover la reforma, para prevenir que los intereses especiales bloqueen los avances, y para ayudar a sostener y proteger a la reforma una vez implementada. Asimismo, al menos algunos de los accionistas ricos e influyentes deben ser convencidos de poner el interés público general por encima de sus interéses económicos personales, más estrechos y a corto plazo.

 

¿Se sumará Washington DC?

Una reforma a nivel estatal sostenible, que pueda resistir una oposición bien financiada y poderosa, deberá requerir acción federal. Varios esfuerzos federales reflejan un rango de perspectivas en cómo hacer que la reforma se realice. Un método son los paquetes de reforma integrales, tal como la Ley Nacional de Seguro de Salud (National Health Insurance Act), HR 676, introducida por el Diputado de Michigan John Conyers. Modelada en base al Medicare de EE.UU. y al sistema canadiense de único pagador[1] (single-payer), esta ley busca implementar el cambio con una sola pieza de legislación.

Otro conjunto de propuestas cubren a poblaciones particulares, tales como los niños o aquellos enfermos que padecen dolencias crónicas como la diabetes.

Un tercer método establece procesos para comprometer a los múltiples actores del sistema de salud en un diálogo acerca del tipo de reforma que funcionaría para todos. El Grupo de Trabajo Ciudadano de la Atención Sanitaria (Citizens Health Care Working Group) está solicitando recomendaciones públicas que enviará al presidente y al Congreso este otoño. Además la ley S.2007 del Senado bipartidista establecería una comisión para examinar las circunstancias que contribuyen a los problemas en el sistema de salud, con el objeto de desarrollar políticas públicas y privadas para brindar solución al incremento de los costos y del número de los no asegurados.

La ley del senado bipartidista involucra a los gobiernos federal y estatal, a los contribuyentes privados y a los proveedores del sistema médico, en el desarrollo de enfoques para la reforma, estado por estado. Provee fondos federales y apoyo a los estados para comprometerse en reducciones específicas en el número de los no asegurados, y en medidas específicas para reducir los costos y mejorar la calidad de la asistencia médica. Los beneficios de esta propuesta son múltiples: el pensamiento creativo es alentado y financiado; los incentivos financieros federales ayudan a bloquear la oposición de los grupos de intereses especiales bien financiados; y la voluntad de la gente puede ser llevada a cabo con la ayuda federal, la cual no se encuentra entorpecida por el callejón sin salida de la política federal.

En los días por delante debemos trabajar para proteger a la gente de Medicare y Medicaid, y a los beneficiarios de los programas sanitarios para veteranos. Perder terreno en cualquiera de estos programas comprometerá la meta de un servicio sanitario económicamente viable para todos.

Mientras tanto, los ciudadanos comprometidos están haciendo una diferencia, generando presión para promover este tema. Existen oportunidades legislativas importantes a nivel estatal y federal. Estos esfuerzos simultáneos nos están alejando de la desesperación, y nos acercan a la esperanza de lograr, en la próxima década, el sueño de los cien años: “Atención sanitaria al alcance de todos.”

 

La Pastora Linda Hanna Walling es directora del proyecto Educación Nacional y Fe (National Education and Faith) de la Red de Acción para la Salud Universal (Universal Health Care Action Network). Ella trabaja con comunidades religiosas en relación a temas de justicia sanitaria, y es pastora ordenada en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).



[1] Forma de financiamiento del sistema de salud en el cual existe una agencia única (pública o semi-pública) que paga a los proveedores por los servicios médicos prestados. En otras palabras, brinda atención sanitaria privada a través de un seguro público (N. del T.).

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