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Las comunidades toman el poder

Los ciudadanos de Barnstead, New Hampshire, utilizaron leyes locales para mantener a las corporaciones gigantes lejos de su agua potable.
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Gail Darrell, Gordon Preston and Jack O'Neil, citizens of Barnstead, NH. Photo by Channing Johnson.
Gail Darrell, centro, y otros residentes de Barnstead, New Hampshire, presionaron por una ley para oponerse a la “tiranía y usurpación” de los derechos de la gente de gobernarse a sí misma, en especial con respecto al agua. Gordon Preston, izquierda, y Jack O'Neil, fueron dos de los cincos concejales que apoyaron la ordenanza. Foto por Channing Johnson para YES! Magazine.www.channingjohnson.com

Resulta ser un duro despertar cuando una corporación decide construir un criadero de cerdos o un centro comercialen tu comunidad. O volcar sedimentos cloacales o abrir una mina. Puede que sea algo que los residentes no quieran, pero éstos pronto descubren que las leyes se encuentran a favor de la corporación. Comunidades de todo el país están invocando nuestros documentos fundacionales y declarando los derechos y deberes de los ciudadanos para proteger su agua potable, su tierra, su economía local, y sus formas de vida, incluso cuando esto signifique enfrentarse al enorme poder de las corporaciones. Aquí hay algunos de los pacíficos revolucionarios que se han unido.

 
En 1819, la Corte Suprema declaró por primera vez que las corporaciones están facultadas con la protección bajo la Constitución. Aquel caso comenzó en New Hampshire. Desde entonces, a las corporaciones se les ha concedido virtualmente todos los derechos constitucionalmente garantizados a los seres humanos. Ellas utilizan estos derechos para emplazar comederos contaminantes, volcar desechos tóxicos, construir centros comercialesy apropiarse del agua potable municipal para venderla, ya sea que los ciudadanos estén de acuerdo en que lo hagan, o no.

Ahora, los ciudadanos de New Hampshire están luchando para invertir esto y colocar a la gente, no las corporaciones, a cargo. ¿Qué clase de revolucionarios son éstos? El tipo de personas que podrías esperar en los Estados Unidos: trabajadores, madres, granjeros, hombres de negocios y otros ciudadanos comunes. Ellos son personas como Gail Darrell, nativa de New Hampshire, que 25 años atrás se mudó con su esposo al pequeño pueblo de Barnstead para criar a sus hijos en un entorno rural. Son personas como Jack O'Neil, miembro del Concejo Deliberante de Barnstead, un veterano de Vietnam y votante de George Bush.

¿Cuál es el problema de estas personas?
Barnstead está localizado justo al sur de la región de los lagos de New Hampshire. El Río Suncook atraviesa el pueblo, y cuatro lagos se encuentran dentro de sus límites. Es una comunidad rica en agua potable, situada sobre un gran acuífero.

Lo cual la coloca en el foco de las mineras corporativas de agua potable. A medida que el agua se ha vuelto un artículo de consumo obligatorio, generando miles de millones de dólares por año en gastos del consumidor, las corporaciones han descendido a pueblos como Barnstead para establecer operaciones de bombeo. Extraen cientos de miles de litros de agua potable, la embotellan, y la envían fuera con fines de lucro. Llevarse tanta cantidad de agua genera preocupaciones sobre napas de agua disminuidas y pozos secos, infiltraciones de contaminantes o de agua salada, y daños a los humedales. Los ciudadanos pierden el control sobre una de las necesidades básicas de la vida.
Los residentes de Barnstead observaron cómo las vecinas Barrington y Nottingham lucharon para bloquear a la corporación multinacional USA Springs para evitar que se lleven su agua. Vieron cómo esas comunidades trabajaron a través del sistema regulatorio estatal y luego de años de trabajo y cientos de miles de dólares gastados, se encontraron sin solución. Las corporaciones, se les dijo, tienen derechos constitucionales que limitan lo que los reguladores pueden hacer con la división por zonas u otros controles sobre el uso de la tierra.

Gail Darrell y Diane St. Germaine, otra residente de Barnstead, no querían que su pueblo se enfrentara a la misma costosa batalla. Ellas ya habían experimentado con el sistema regulatorio, habiendo trabajado para lograr que el pueblo prohibiera el volcado local de sedimentos cloacales de Clase A. Una vez que la prohibición fue aprobada, las corporaciones que estaban enviando los sedimentos simplemente los reclasificaron como sólidos orgánicos Clase B, y el pueblo retrocedió al punto de partida.

“Aquella fue mi primera introducción al proceso regulatorio, el cual en realidad no permite a los ciudadanos decirle ‘No' a nada,” dice Darrell. “Todo lo que las corporaciones tienen que hacer es cambiar una palabra y siguen adelante.”

El problema con las luchas de emplazamiento

Las batallas regulatorias del tipo una-por-vez sobre un proyecto determinado—ya sea el volcado de desechos sólidos, un Wal-Mart, o una planta de energía atómica—se denominan “luchas de emplazamiento.” Algunas veces son exitosas, aunque solamente cerca de una de cada diez. Incluso entonces, las corporaciones vencidas son libres de intentarlo otra vez, tal como Wal-Mart lo hace frecuentemente cuando los ciudadanos vencen sus planes de radicación.

El problema es que el sistema no está diseñado para proteger los derechos o los intereses del ser humano promedio. Rick Smith, de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (ACORN) dice que cuando la gente se da cuenta que los derechos corporativos sobrepasan los derechos comunitarios, les resulta algo “impactante.”

Que los derechos de una ficción legal, la corporación, triunfen sobre los derechos de los seres humanos es el resultado de años de trabajo por parte de las corporaciones para torcer a su favor la legislación y los veredictos de las cortes. Desde que la Suprema Corte abrió por primera vez la puerta constitucional en 1819, constantemente la ha estado ampliando cada vez más, dándoles a las corporaciones virtualmente cada protección existente en la Declaración de Derechos.

La Corte, por ejemplo, sostuvo que las corporaciones tienen los derechos de la Primera Enmienda a la libre expresión y, en un caso subsiguiente, dijo que la libre expresión incluye gastar dinero en campañas políticas. Las corporaciones han adquirido los derechos totales al proceso debido, un derecho a las compensaciones de la Quinta Enmienda por “expropiaciones” del gobierno, y un derecho a exigir órdenes de registro, incluso para las inspecciones de seguridad de la OSHA.

Aquellos derechos resultan convenientes para luchar contra las regulaciones del gobierno. Tan antiguamente como en la década de 1920, la Corte Suprema dictaminó que Pennsylvania no podía exigirles a las minas de carbón que dejaran suficiente carbón en el suelo para aguantar el peso de la tierra que hubiese encima, incluso si esto significaba que las casas de la gente pudiesen ser destruidas o dañadas. Obligar a que las corporaciones sacrificaran ese carbón, dijo la Corte, sería una “expropiación” anticonstitucional de la propiedad.

Si las corporaciones no logran los resultados que desean en las cortes, pueden optar por el método, más directo, de fabricar a medida su propia legislación. En un mundo donde los políticos dependen del dinero para ser elegidos, poseer un derecho constitucional a escribir grandes cheques brinda un acceso considerable. Tener voz en la legislación federal es particularmente útil dado que la Cláusula de Comercio de la Constitución afirma que la ley federal triunfa sobre la ley estatal en cuestiones de comercio interestatal.

Stefan Mackowski and sisters Sarah and Shannon swim at Halfmoon Lake, Barnstead, NH. Photo by Channing Johnson.
Stefan Mackowski, 3, flanqueado por sus hermanas Sarah y Shannon, disfrutan del agua en el lago Halfmoon en Barnstead, N.H. A la derecha, el paragolpes del auto de Gail Darrell.
Foto por Channing Johnson para YES! Magazine.www.channingjohnson.com

Más allá de las luchas de emplazamiento

Con la baraja mezclada contra el control local, ¿qué van a hacer los ciudadanos para salirse del juego regulatorio y recuperar el poder? Algunas comunidades intrépidas han prohibido operaciones corporativas específicas, no basadas en la regulación, sino en una declaración de que los seres humanos tienen derecho a controlar sus recursos locales, y que las corporaciones no son personas y no están habilitadas a los derechos que la Constitución garantiza a los seres humanos.

Esto sucedió por primera vez en Pennsylvania cuando granjeros y habitantes de pequeños pueblos trataron de resistir la invasión de comederos corporativos y el volcado de residuos cloacales desde otros estados.

Ruth Caplan, del programa “Defendiendo el Agua para la Vida” de la Alianza por la Democracia, cuenta cómo una coalición de Pennsylvania que incluía al Sierra Club, la Agencia Rural, los sindicatos y al gobernador Demócrata, respondieron haciendo aprobar una legislación que limitaba la contaminación por parte de los comederos corporativos.

“Los granjeros de la Pennsylvania rural estaban furiosos,” respecto de la nueva ley, dice Caplan, “porque ellos no querían menos contaminación. No deseaban aquellas granjas corporativas en su área, y punto.”

El abogado Thomas Linzey, fundador del Fondo de Defensa Legal Ambiental Comunitario (CELDF), comenzó a recibir llamadas de estos granjeros furiosos. Linzey, dice Caplan, había estado trabajando dentro del sistema regulatorio, pero él y los granjeros de Pennsylvania se dieron cuenta de que necesitaban una nueva estrategia. Linzey bosquejó modelos de ordenanzas que afirmaban los derechos de la comunidad para auto-gobernarse y para prohibir a las corporaciones a que operen en sus poblados. Más de cien pueblos de Pennsylvania han adoptado estas ordenanzas.

Linzey y el CELDF comenzaron a ofrecer “Escuelas de Democracia,” programas de fines de semana intensivos presentando la historia del poder corporativo en los Estados Unidos, y la historia de movimientos exitosos, tales como el abolicionista o sufragista, para superar la ley establecida. Caplan asistió a uno de estas escuelas. Fue una “llamada de atención para mí,” dice ella, “porque la mayor parte del trabajo que hemos hecho ha sido a través del sistema regulatorio, con algún éxito. Pero no nos está llevando a un cambio fundamental entre las corporaciones y los derechos de la gente y la naturaleza.”

Caplan llevó su conocimiento recién hallado a una reunión estadounidense-canadiense sobre el problema del agua embotellada. Allí ella conoció a activistas de New Hampshire quienes más tarde le presentaron a Darrell y St. Germaine. Caplan les contó sobre el trabajo del CELDF, y se ofreció para trabajar con ellas y la gente de Barnstead sobre el problema del agua.

Darrell and St. Germaine hicieron presentaciones ante el Concejo Deliberante del pueblo, el cual anteriormente había aprobado un “artículo de garantía” declarando la intención del pueblo de proteger su agua potable. Con el tiempo ellos invitaron al CELDF a realizar una presentación al Concejo. Al final de esa presentación, el Concejo pidió a Linzey que bosquejara una ordenanza similar a aquellas en Pennsylvania. Linzey le dijo al grupo que necesitaban comprender que estarían desafiando a las leyes establecidas, dice Caplan. “Bien, Mr. Linzey, comprendemos eso, y estamos listos para patrullar con Ud.”, contestó Jack O'Neilutilizando una expresión de la época de Vietnam.

Reclamando derechos

Las ordenanzas modelo del CELDF van más allá de la división por zonas u otros esfuerzos para controlar el comportamiento corporativo. Prohíben enteramente a las corporaciones realizar operaciones específicas, citando a la Declaración de Independencia, la ley internacional, las leyes estatales confiriendo derechos a los ciudadanos, y a los derechos generales de los seres humanos a gobernarse a sí mismos y a cuidar de sus propias comunidades.

Darrell dice que ella y St. Germaine invirtieron el año siguiente educando a los habitantes de Barnstead sobre la ordenanza propuesta. “Hablamos a la gente sobre los derechos sobre el agua en cualquier lugar donde nos encontrábamos—en el basurero, en los parques. Les decíamos por qué necesitábamos aprobar esta ordenanza por unanimidad antes de que las corporaciones vinieran al pueblo.”

La gente era receptiva a la idea pero se mostraba curiosa al hecho de que la ordenanza necesitara citar un rango tan amplio de leyes. “Hubo un montón de enseñanza sobre el por qué necesitábamos denegar la personería corporativa,” dice Darrell, “La gente no comprende cómo llegamos a este punto y cómo las corporaciones han logrado tanto poder.” Darrell agradece a las Escuelas de Democracia del CELDF por suministrarle la información que ella necesitaba para proveer esa educación.

En Marzo de 2006, la ordenanza se presentó ante una reunión del pueblo. Luego del debate final, Barnstead realizó su votación: 136 a 1 a favor. El único que votó en contra no se oponía en general a la medida, pero sentía que declarar que las corporaciones no eran personas era ir demasiado lejos.

Ahora Barnstead es un hito, el primer pueblo en la nación en prohibir la minería corporativa del agua potable dentro de sus límites.

Un pueblo por vez

La lucha para arrebatarle el poder a las corporaciones continúa. Del otro lado del país en el condado de Humboldt, California, la gente aprobó un referendo prohibiendo a las corporaciones foráneas participar en las elecciones, y declaró que allí las corporaciones no son reconocidas como personas. Blaine Township, al suroeste de Pennsylvania, puso fuera de la ley a la práctica destructiva de la minería del carbón a cielo abierto. La gente del condado Montgomery en la Virginia rural está luchando contra la toma de tierras de las granjas para construir una gigantesca terminal ferroviaria.

Estos son, en verdad, pasos radicales. Aunque como señala Ruth Caplan, están siendo llevados a cabo por personas que no son radicales. “No son liberales, no son progresistas ni activistas. Pero no quieren que las corporaciones les digan cómo deben gestionar sus comunidades.”

Las cortes aún no han fallado sobre estas medidas. Si son desafiadas, nadie sabe cuál será el resultado. Pero estos nuevos activistas señalan a los abolicionistas y al movimiento por el sufragio femenino. Ellos eran radicales. Desafiaron leyes bien establecidas. Perdieron muchas veces, hasta que el público vio la verdad de su posición, y la ley cambió.

Darrell y sus conciudadanos están trabajando en enmiendas para fortalecer su ordenanza si llegan a ser desafiadas. Si son vencidos en las cortes, ella continuará trabajando para hacer a los seres humanos más importantes que las corporaciones. Está en esto, dice ella, “para tener una conciencia clara. Hice lo que pude luego de ser educada. Puedo decirles eso a mis hijos. Es mi deber. Tomaré esta responsabilidad y haré lo mejor que puedo.”Doug Pibel es editor general de YES!

Preámbulo y resolución

Nosotros la Gente de Barnstead, N.H., declara que el agua es esencial para la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad—tanto para la gente como para los sistemas ecológicos, los cuales dan vida a todas las especies.

Nosotros la Gente del Pueblo de Barnstead declara que tenemos el deber de salvaguardar el agua tanto abajo como arriba de la superficie de la Tierra, y en el proceso, salvaguardar los derechos de la gente dentro de la comunidad de Barnstead, y los derechos de los ecosistemas de los cuales Barnstead es una parte.

Nosotros la gente de Barnstead declara que toda nuestra agua es mantenida bajo custodia pública como un recurso en común para ser utilizado para el beneficio de los residentes de Barnstead y de los ecosistemas naturales de los cuales ellos son una parte.

Creemos que la corporatización del suministro de agua en esta comunidad—colocar el control del agua en las manos de unas pocas corporaciones, en vez de en la comunidad—constituiría tiranía y usurpación; y que nosotros estamos por lo tanto obligados, bajo la Constitución de New Hampshire, a oponernos a tal tiranía y usurpación. La misma obligación requiere de nosotros que reconozcamos que dos siglos de trabajo del gobierno confiriendo a las corporaciones poderes constitucionales ha privado a la gente de la autoridad de gobernar sus comunidades, y requiere de nosotros el tomar pasos afirmativos para remediar tal usurpación del poder del gobierno.—Sección 2, Ordenanza de Derechos del Agua y Auto-gobierno Local

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