Desaparecidos (Español)

Dos meses después de que el esposo de Elva Rivas desapareciera en el norte de México en 2010, uno de sus hijos se le acercó para recordarle que necesitaban útiles escolares, ya que pronto iniciaba el año escolar. Rivas, quien reside en Juárez, Nuevo León con su familia, le respondió que no tenían dinero.

Al cabo de dos horas, Roberto Sebastián, su hijo de 9 años, regresaba con 210 pesos en mano. Rivas se alarmó al pensar que el niño pudiera haber robado el dinero. Pero Roberto Sebastián le explicó que había tomado la caja para lustrar calzado —un regalo de su abuelo— y había ido de casa en casa ofreciendo a los vecinos sacarle brillo a sus zapatos, a 10 pesos el par.

“Vienen varias vecinas y me dicen: ‘Oye, qué bien bolea los zapatos, Sebastián’”, cuenta Rivas antes de quebrarse en llanto. Entonces, “como que me cae un balde de agua fría”, dice. “¿Qué estoy haciendo?”, se preguntó a sí misma. “O sea, si mi hijo puede, yo también puedo”, pensó.

Roberto Maciel Ramírez, su esposo, desapareció sin dejar rastro el 23 de mayo de 2010 en el municipio de Santiago, cerca de Monterrey. Lo único que Rivas supo fue que un grupo de hombres armados, vestidos como soldados, habían irrumpido en una casa –en el campo– donde la madre de Maciel celebraba su cumpleaños. Los uniformados se habían llevado a Maciel y a tres de sus amigos. Rivas, quien había planeado llegar más tarde a la celebración con los niños, se paralizó de terror. La familia de Maciel le dijo a Rivas que esperara a que pidieran un rescate por él. A los cinco días se enteró que su suegro ya había pagado una cifra solicitada, pero Maciel no aparecía.

Entonces ella decidió comenzar a buscarlo por su propia cuenta. Sus pesquisas iniciales la llevaron ante el líder local de un cartel y al comandante de la policía de la municipalidad. Ambos negaron tener participación alguna en el secuestro. Para hacer la situación más difícil, en las siguientes semanas, la familia de su esposo se volvió distante. Rivas estaba devastada.

“Desafortunadamente, en ese momento no me caía el 20”, dice Rivas para explicar lo desorientada que estaba en ese momento. “El haberme quedado con tres hijos, sin un trabajo y sin nada; no sabía qué hacer”.

Sin embargo, al ver a su hijo lustrando zapatos para poder comprar cuadernos y otros útiles escolares, Rivas se enfocó en generar ingresos para alimentar a sus niños. Les dijo que ella no sabía si su padre regresaría algún día, y que tenían que hacer lo que pudieran para sobrevivir. Ella comenzó a vender televisores, videojuegos y distintos electrodomésticos. Ella y los pequeños se movieron a una misma habitación para ahorrar energía. Los fines de semana, vendía ropa de segunda mano en los mercados, con los niños a su lado. Así hizo por años sin apoyo alguno, ni del gobierno, ni de familiares. Rivas cuenta que su hermana le dejó de hablar por miedo a que raptaran a alguien de la familia de ella.

Rivas experimentó de primera mano el estigma y la culpa que comúnmente recae no solo en la persona desaparecida, sino también en los miembros de su familia. En 2010 no se hablaba mucho en público acerca de las desapariciones forzadas. No había ni siquiera la suficiente información disponible para saber cómo proceder en esos casos. No fue hasta el 2017, cuando sus suegros enfermaron y le pidieron ayuda de nuevo para encontrar a Roberto, que Rivas inició una búsqueda más activa para saber del paradero de su esposo. Se unió a un colectivo de familias y así aprender cómo ejercer presión sobre las autoridades para que investigaran, y para entender cuáles eran los derechos de los niños como víctimas.

En la unión, la fortaleza

Tras la desaparición de un ser querido, ante la inacción de las autoridades y los retrasos en las investigaciones, muchas familias en México inician búsquedas con sus propios medios. Recaban información, guardan evidencias, hablan con testigos. Realizan inspecciones físicas de sitios pertinentes, incluyendo de fosas clandestinas. Pero las búsquedas pueden extenderse por años —sin tener la garantía de que obtendrán los resultados deseados. 

Casos como el de Rivas son considerados antiguos, de larga data. Son casos complicados porque las autoridades locales fallan en hacer los peritajes criminalísticos correspondientes en el momento que desaparecen las personas. Aunque el trabajo de las familias y las organizaciones de derechos humanos durante la última década ha incrementado la visibilidad y la conciencia de las desapariciones masivas en México, las familias han denunciado repetidamente la lentitud de respuesta de autoridades policiales y de las agencias gubernamentales. Se quejan igualmente del poco personal asignado a unidades de investigación y de los presupuestos inadecuados, tanto estatales como federales, para buscar a las víctimas. Solo en el estado de Nuevo León, unas 6139 desaparecieron entre diciembre de 2006 y marzo de 2023. En todo México, la lista oficial de desaparecidos registra los nombres de casi 112.000 personas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda del país. 

El Comité contra la Desaparición Forzada, ente de las Naciones Unidas, le recomendó al gobierno de México adoptar medidas para “facilitar la búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data” en su reporte del año 2022. El Comité consideró un avance que México hubiera establecido la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965-1990, pero señaló que era lamentable “que no existan otros mecanismos para casos de larga data ocurridos después de 1990”.

Así las cosas, la carga de la investigación de las desapariciones la han llevado a hombros las familias, especialmente las madres y esposas, quienes sufren el señalamiento negativo de otras personas; violencia y persecución, todo mientras luchan con las repercusiones emocionales y económicas de perder a un ser querido en esas circunstancias. Los parientes de los desaparecidos han creado más de 130 colectivos para apoyarse en sus búsquedas, pero como en toda asociación, los conflictos internos pueden ser difíciles de superar. Así sucedió con Rivas, cuya insatisfacción con el manejo de su agrupación la empujó a ella y a otras mujeres a crear su propia asociación en octubre de 2022.

​​“Yo lo que quiero es tener noticias de mi esposo y saber la verdad —si está vivo, si está muerto, saber qué pasó. Es lo que yo quiero y ahí no iba a obtener nada. Entonces me fui”, explica. Rivas titubeó antes de formar una asociación, ya que tendría que inscribirse legalmente para poder recibir fondos, pero cree que hacerlo es una de las únicas maneras de presionar al gobierno. Familiares de los desaparecidos han encontrado fortaleza en la unión. Los colectivos han hecho cabildeo con funcionarios y agencias de gobierno para que se aceleren las investigaciones; han encabezado los esfuerzos para localizar cementerios clandestinos y la exhumación de cadáveres; y han seguido creando conciencia sobre la magnitud de las desapariciones. 

Graciela Pérez ha experimentado personalmente la enormidad del impacto. Cinco de sus familiares desaparecieron una noche de agosto de 2012: su hija de 13 años Milynali Piña Pérez; su hermano Ignacio Pérez; y sus sobrinos Aldo de Jesús Pérez, de 20, Alexis Domínguez, de 16 años y José Arturo Domínguez, de 20 —el primero era hijo de Ignacio y los dos últimos de su hermana. Todos retornaban a casa de un corto viaje a los Estados Unidos, pero nunca llegaron a Tamuín, San Luis Potosí, donde vivían. La última vez que llamaron a Pérez, estarían a dos horas de distancia, cerca de Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas. 

En un inicio, Pérez y su familia tenían esperanza en las autoridades. Tras reportar la desaparición en la policía, la familia recibió una llamada de alguien exigiendo un rescate. Cuando su hermana Edith Pérez solicitó una prueba de vida, los supuestos secuestradores dieron detalles que no encajaban; las hermanas se dieron cuenta que se trataba de un intento de extorsión. Al noveno día, desesperada por no recibir noticias por parte de las autoridades, Pérez le rogó a su familia que le permitieran salir a buscar a los jóvenes ella misma. A pesar de la preocupación por el peligro de que se trasladara sola a Tamaulipas, la familia eventualmente estuvo de acuerdo. Entendían que Pérez no tenía nada más que perder, si no tenía a su única hija. 

Pérez pidió una reunión con un fiscal del estado. Ella dice que en ese encuentro, un oficial que supuestamente estaba buscando a su familia le aconsejó que mejor le pidiera ayuda a los militares, aduciendo que era una situación muy peligrosa para que la investigara la policía estatal. 

“Salí de ahí desecha”, relata Pérez. “Ahí fue cuando me di cuenta que las autoridades no iban a hacer absolutamente nada”.

Por medio de las redes sociales, Pérez encontró a personas que le dijeron qué rutas tomar para seguir su investigación. Le compartieron sus propios casos, con la esperanza de que Pérez pudiera en el proceso encontrar información sobre sus seres queridos. En lo que transitaba por caminos desolados, encontró vehículos saqueados y los escombros de autos que habían sido incendiados. En las siguientes semanas más familias se unieron a su travesía. El grupo comenzó a localizar cementerios clandestinos y sitios espeluznantes en los que Pérez deseaba que no hubieran estado sus parientes. “No podía imaginar que mi hija, mis chicos o mi hermanos hubieran permanecido en lugares así”.

A Milynali le encantaba ver telenovelas. Pérez las miraba con ella, a pesar de no disfrutarlas mucho. A la niña le gustaba pintar con acuarelas, por lo que estaba entusiasmada de comenzar a probar con pinturas de aceite justo antes de su desaparición. Soñaba con ser pediatra y también con trabajar los fines de semana en el restaurante que ella y su madre deseaban abrir un día. Milynali sería la chef y su mamá se encargaría de la caja y de los clientes. 

“Ella era muy visionaria, muy independiente. Ella era muy segura de sí misma”, dice Pérez con orgullo. “Es mi hija”. 

En el transcurso de su búsqueda, Pérez entabló conexiones con militares y con autoridades de justicia, por medio de quienes obtuvo información extraoficial sobre arrestos y la incautación de casas que servían de escondite para criminales. Obtuvo coordenadas, localizó sitios de exterminio, recogió evidencia de las posibles desapariciones de otras personas. 
Edith, su hermana, cuyos hijos desaparecieron con Milynali, se había unido a la búsqueda. Tres meses después de que los jóvenes desaparecieran, Edith Pérez confrontó públicamente al entonces presidente Felipe Calderón durante una visita que hiciera el mandatario a San Luis Potosí. Se armó de valor para denunciar la negligencia del gobierno con las familias de los desaparecidos. El enfrentamiento hizo que el problema capturara la atención pública; y fue motivo de titulares en la prensa a nivel nacional.

La atención de los medios junto con los vínculos que formaron los familiares con las autoridades hicieron que eventualmente Graciela Pérez estableciera una asociación formal para reforzar la búsqueda por los miembros de su familia, así como por otros desaparecidos. “Milynali Red” se constituyó oficialmente el 24 de mayo de 2017. Hoy en día, más de 300 familias de personas desaparecidas integran la asociación. Es uno de los colectivos que por más tiempo ha operado en el país. 

Y aunque Pérez ha servido a otros de corazón, ha tenido que bregar con el desgaste característico de una misión tan grande. “Me fui dando cuenta que no sólo estaba buscando a los míos”, dice. “Lo peor que me ha pasado es que llega un momento en el que hasta me olvido de los míos. Gestiono varias cosas y me doy cuenta al final que no pedí lo mismo para los míos”.

Un grano de arena y otro de esperanza

El décimo aniversario de la desaparición de su familia ha sido un momento trascendental y agotador para Pérez. Ella cuenta que las innumerables expediciones de búsqueda y las largas horas bajo los penetrantes rayos de sol han resultado en fatiga, alergias y otros padecimientos. “No sé cuánto vaya a durar. No quiero pensar en el futuro. Solamente vivo un día a la vez”, se sincera. 

“Al final de cuentas, nosotros solo estamos dejando un granito de arena”, afirma Pérez y añade que “lo mejor que podemos hacer es documentar las mejores prácticas y dejárselas” a otros. Aunque aclara que “no desearía darle nada a nadie, porque nadie quiere estar en esta búsqueda tan horrible”.

Además de compartir sus hallazgos, los colectivos también tienen como objetivo brindar otro tipo de apoyo, dados los daños sicológicos, físicos y económicos que ocasionan estos golpes al núcleo familiar, cuyos miembros bregan con el dolor irresuelto de la desaparición y la lucha sin fin que sigue. Rivas ha visto a sus compañeras sufrir de depresión, padecimientos cardíacos, y cáncer. 

“También un colectivo es ver que tu gente esté bien, tanto en la moral como en lo económico”, dice Rivas por su parte. El desánimo siempre está cerca porque darle seguimiento a cada caso con las autoridades se dificulta cuando los parientes rara vez reciben nuevas pistas. Aún así, más familias con casos similares se siguen incorporando al grupo.

“Son sentimientos encontrados”, explica Rivas. “Por una parte, te sientes contenta de poder ayudar y poder aportar un granito de arena a las familias recientes. Y por otra, sientes tristeza porque en tu caso, como no hubo quién te orientara, se perdieron muchas pruebas”.

Rivas continúa buscando a su esposo, solo que ahora también coordina las búsquedas de docenas de desaparecidos más en Nuevo León, a la par de más de 44 familias. El colectivo está en proceso de convertirse en una asociación civil. Una de las compañeras de Rivas sugirió que la llamaran “Renacer”.

“Ella fue la que dijo: Es que a mí me gusta el nombre Renacer”, detalla Rivas. Cuando le preguntó las razones, Rivas recuerda que su compañera le dijo: “Pues es que es como que volvemos a nacer después de todo lo que hemos vivido. Como que estábamos muertas y ahorita volvemos a vivir”.